¿Podría describir, brevemente, cómo ve el parque de viviendas de España en cuanto a eficiencia energética, térmica y acústica?
Uno de los mayores problemas que tiene España es que cuenta con un parque inmobiliario obsoleto. Se calcula que hay unos 17 millones de viviendas que no están adaptados energéticamente, lo que provoca, entre otros problemas, que España vaya muy retrasada en cuanto al cumplimiento de las diferentes directivas europeas. Para suplir esta carencia y la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono que esto supone, España está comprando CO2 fuera, lo que supone un gasto económico cercano a los 800 millones de euros hasta el 2012. Debemos tener en cuenta que el sector de la construcción genera en la actualidad, aproximadamente, el 40% de las emisiones de CO2 en Europa. Con estos datos me atrevería a decir que España está muy retrasada con respecto a eficiencia energética en la construcción. Aunque se están haciendo cosas, no avanza al ritmo que debería.
España ha intentado mejorar esta situación con diferentes reglamentos específicos, como el Código Técnico de la Construcción (CTE). ¿De qué modo ha afectado al sector de la construcción?
Esta afirmación es cierta. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y hay que tener muy presente una cosa: El Código Técnico de la Edificación sólo marca unos mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un edificio que se haga hoy en España (año 2014) y cumpla mínimamente los requisitos del CTE puede ser objeto de rehabilitación a partir del 31 de diciembre de 2020 si no quiere quedarse atrás en los objetivos de la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios y que exigirá que todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo.
¿Cuál es el problema de España en esta materia? Una legislación laxa, poco compromiso, falta de voluntad...
Son muchos los motivos que dan lugar a esta situación. En España no tenemos la visión y mentalidad que hay en otros países donde sí tienen muy presente que rehabilitar un edificio supone tres beneficios fundamentales: revaloriza el edificio, mejora el confort de las personas que viven en ellos y supone un importante ahorro económico a medio-largo plazo y un importantísimo ahorro de emisiones de CO2, lo que implica otro ahorro económico para el país por los motivos explicados anteriormente. En mi opinión, una vivienda poco eficiente energéticamente es un “depredador” económico.
¿Y cómo explicaría todo esto a una comunidad de propietarios que tienen que hacer la inversión?
Éste es un punto crítico. Esta inversión en rehabilitación no se hace porque el primer gasto recae en el propio propietario y éste no es consciente de que la inversión realizada en un primer momento es retornable. Sin embargo, no todo se debe achacar al propietario, ya que también es necesario conseguir y facilitar la financiación. Al respecto han salido algunas propuestas como el plan PAREER pero no ha tenido el éxito que debiera. Y hay un aspecto fundamental y es que la Administración Pública en España no da el ejemplo que debería dar. La Directiva Europea citada anteriormente fija un objetivo de un 3% de rehabilitación energética anual de los edificios públicos a partir del 2015 y, por otro lado, cada estado miembro tendrá que preparar una hoja de ruta para asegurar la eficiencia energética de cara a 2050 de edificios comerciales, públicos y residenciales. En España el proceso es lento y es fundamental que lo hagan para que sea un claro ejemplo para el resto.
Ante esta situación las empresas siguen investigando y apostando por la eficiencia energética, creando nuevos productos que favorezcan este proceso. ¿Cómo ve la actuación de la administración pública y de la empresa privada en este punto y las sinergias que pueden existir entre ellas?
El primero que tiene que dar ejemplo, como he dicho, es la Administración Pública. Es cierto que la crisis es un gran problema, pero ahí está el papel de la Administración para potenciar al eficiencia energética y dar el impulso necesario porque, al final, es un bien para todos: ciudadanos, medio ambiente, empresas, economía, trabajo… La empresa privada ante esta situación hace lo que tiene que hacer: investigar y ofrecer las herramientas necesarias para lograr la eficiencia energética y hacer que los edificios consuman lo menos posible y sean confortables. Si no se ha conseguido creo que ha sido porque a la Administración le está costando dar los pasos necesarios y en general los usuarios todavía no son conscientes del problema. Yo diría que las empresas tienen el motor del vehículo y sólo falta que la Administración lo ponga en marcha para afrontar este compromiso.
En su participación en la Feria Firamaco celebrada en la Institución Ferial Alicantina usted ha hablado sobre la calidad del aire interior en las viviendas. La mayoría de veces pensamos que esto sólo afecta a edificios como hospitales, en los que el cuidado debe ser muy exigente. Pero, ¿la vivienda de cualquier persona también puede estar afectada por una mala calidad del aire?
Las personas pasamos más del 80% de nuestro tiempo en espacios cerrados, por lo que la buena ventilación y calidad del aire interior es fundamental. Las viviendas ahora son más estancas y están mejor aisladas. Esto es un gran avance desde el punto de vista de la eficiencia energética pero ha provocado, por el contrario, que el aire de la vivienda que anteriormente se filtraba y renovaba por las ventanas al estar mal aisladas ahora no lo haga, y esto se ha de vigilar y tener en cuenta. Esto puede provocar menos renovación del aire mientras que hay elementos en el interior de la vivienda que afectan a la calidad del aire como son los compuestos orgánicos volátiles (COVs) provenientes de muchos sitios, como los materiales utilizados, productos de limpieza, mobiliario… Una mala ventilación puede afectar a la salud de los ocupantes. Cabe destacar, que ya existen materiales que pueden mejorar la calidad del aire interior como el efecto Cleaneo ®.
¿Hay regulación de esta ventilación interior del aire?
Sí que existe regulación sobre ventilación interior, pero en España no hay una norma que obligue a caracterizar los materiales en función de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. En otros países, por el contrario, sí que está regulado, por ejemplo en Francia, es obligatorio identificar con una etiqueta las emisiones de COVs de los materiales de construcción para interiores, además se va a limitar en los colegios la concentración de formaldehído. En España, imagino, es cuestión de tiempo una norma similar.
