CYPE ha actualizado la normativa sísmica de Bolivia implementada en los programas CYPECAD y CYPE 3D incorporando la nueva Guía Boliviana de Diseño Sísmico GBDS-2018 aprobada a finales del año pasado. Con esta actualización, los proyectistas que hagan un proyecto estructural en el país van a contar con una herramienta de última generación con la que calcular y comprobar el correcto cumplimiento en las estructuras de las exigencias contempladas en esta nueva normativa.
Entre las novedades más importantes introducidas en la GBDS-2018 destacan las relacionadas con la zonificación sísmica del país, ya que los autores del documento han contemplado un aumento de la amenaza sísmica en Bolivia, incrementando sustancialmente las aceleraciones que cada sismo genera en la superficie con respecto a las contempladas en la norma anterior NBDS-2006 y la actualización realizada en el año 2015 de la misma. Además se ha revisado la norma de concreto a las últimas prescripciones publicadas de la norma NB-1225001-1 de finales de 2018.
Al respecto, según los datos registrados por el Observatorio San Calixto, institución de investigación sísmica en Bolivia, el país registró en el año 2018 un total de 1.255 movimientos sísmicos. Por ello y para aumentar la prevención y la seguridad ante tal actividad, el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) han elaborado esta nueva normativa para crear construcciones sismorresistentes. Al respecto, el director técnico de CYPE, Carlos Fernández, explica que los sismos menores de 3,5 en la escala Richter no suelen ser percibidos por la población y detalla que son mayores a 5 los que pueden causar daños estructurales. “Con la actualización de la normativa boliviana que hemos realizado en nuestro software los técnicos disponen de una herramienta para realizar sus cálculos de una forma más precisa y poder prever y minimizar los daños estructurales que sufren los edificios ante un sismo”, recalca director técnico de CYPE.
En opinión de Carlos Fernández, la actualización de la normativa boliviana era una paso necesario para dotar de más seguridad a los edificios a la hora de enfrentarse la población a un nuevo terremoto, sobre todo si se tiene en cuenta que sólo el 20% de las construcciones del país son antisísmicas, según los diagnósticos realizados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
